Grace Livingstone, autora de America’s Backyard, analiza la revolución Chavista, cómo se equivocó, las distintas facciones políticas en la Venezuela de hoy y la larga historia de intervenciones en el país por parte de los EEUU. Explica por qué la administración estadounidense no intentó un cambio inmediato de régimen y evalua los planes del presidente Trump.

Este artículo se publicó por primera vez en inglés. Puedes leerlo aquí. Fue traducido al español para LAB por Yasmina Torre García.

Mr Danger: la larga historia de la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Cuando el presidente venezolano Hugo Chávez calificó a George W. Bush de “Mr Danger” durante un discurso ante la Asamblea General de la ONU en 2006, la reacción fue de desconcierto. Sin embargo, se trataba de una alusión literaria a un personaje de una de las novelas más célebres de Venezuela, Doña Bárbara. Mr Danger es un aventurero estadounidense, “de ojos muy azules, cabello rubio y un rifle al hombro”, que llega a Venezuela, cuelga su hamaca y proclama: “Estoy en casa”.

Los buscadores de petróleo dieron con un yacimiento frente a Maracaibo en 1922, y una columna de líquido negro se elevó por los aires, cayendo como lluvia sobre la ciudad durante nueve días. Para 1929, Venezuela se había convertido en el mayor productor de petróleo del mundo. Pronto, las compañías petroleras estadounidenses controlaban el 75 por ciento de la producción. Creció el resentimiento ante el dominio extranjero y, entre 1945 y 1948, un gobierno de centroizquierda llegó al poder y comenzó a debatir la nacionalización de la industria petrolera.

Este proceso se vio interrumpido por un golpe de Estado en 1948, que instauró una junta militar. El oficial del ejército Marcos Pérez Jiménez se convirtió en dictador de Venezuela entre 1950 y 1958, primero como miembro de la junta militar y luego como presidente tras unas elecciones fraudulentas en 1952.

Pérez Jiménez, anticomunista y favorable a los intereses de las petroleras estadounidenses, recibió en 1955 la Legión al Mérito por parte del gobierno de Dwight Eisenhower por sus “servicios sobresalientes al Gobierno de los Estados Unidos”. El dictador venezolano también apareció en la portada de la revista Time y, cuando fue derrocado en 1958, Estados Unidos le concedió asilo político.

El sentimiento antiestadounidense estalló en mayo de 1958, cuando la caravana del vicepresidente Richard Nixon fue rodeada por manifestantes en Caracas, la capital venezolana. Los protestantes, indignados por el respaldo de Estados Unidos al dictador recién derrocado, sacudieron el automóvil de Nixon, a punto de volcarlo, antes de que lograra escapar a toda velocidad.

La industria petrolera del país fue finalmente nacionalizada en 1976. Sin embargo, los antiguos concesionarios obtuvieron derechos preferentes para comprar el crudo, y todas las refinerías capaces de procesar el pesado petróleo venezolano permanecieron en territorio estadounidense, por lo que las empresas de Estados Unidos siguieron dominando el comercio petrolero del país.

Cuando los precios del petróleo se dispararon en la década de 1970, surgieron edificios de lujo en Caracas, transformando el paisaje urbano con arquitectura modernista. Pero también se extendieron por las colinas que rodean la ciudad barriadas de chabolas de ladrillo rojo, ya que los ingresos petroleros no beneficiaron a todos. Fueron los habitantes de estos asentamientos quienes formaron la base del apoyo a Chávez, un dirigente de izquierdas que fue elegido presidente con una victoria aplastante en 1998.

Los años de Chávez (1998–2013)

El nuevo gobierno concibió inicialmente una alianza con el empresariado venezolano para promover el desarrollo nacional. Pero desde el principio, las élites venezolanas se mostraron hostiles hacia Chávez, un ex paracaidista que sostenía que el neoliberalismo (la economía de libre mercado) había golpeado a los pobres. Se oponía a la progresiva privatización de la empresa petrolera estatal y afirmaba que quería utilizar la riqueza petrolera del país en beneficio del pueblo venezolano.

En 2002 sobrevivió a un intento de golpe de Estado fallido, así como a un paro impulsado por los directivos de la petrolera estatal, que paralizó la industria del petróleo y la economía del país. La administración de George W. Bush entregó millones de dólares a los opositores de Chávez e invitó a los principales conspiradores a Washington en los meses previos al golpe, entre ellos Pedro Carmona, presidente de la patronal venezolana, quien se autoproclamó presidente mientras Chávez se encontraba detenido.

María Corina Machado, hoy la dirigente más conocida de la oposición, asistió a la toma de posesión de Carmona y fue una de las firmantes del decreto que disolvía todas las instituciones democráticas de Venezuela, cerrando el Congreso y destituyendo a gobernadores, alcaldes y magistrados del Tribunal Supremo. Posteriormente, Machado afirmó que no se había dado cuenta de lo que estaba firmando.

Pero el golpe fracasó: multitudes salieron a las calles para exigir el regreso del presidente electo, y oficiales militares que permanecieron leales a Chávez lo restituyeron en el poder.

Con los ingresos petroleros, Chávez lanzó programas que redujeron drásticamente la pobreza en los primeros años de su presidencia: tiendas de alimentos baratos, campañas de alfabetización, centros de salud en los barrios marginales y planes de construcción de viviendas para los más pobres.

Sin embargo, su gobierno no re-invirtió en la industria petrolera y, con el tiempo, su infraestructura se fue deteriorando. De forma crucial, no se reservaron fondos para una eventual caída del precio del petróleo ni se diversificó la economía, por lo que Venezuela siguió siendo vulnerable a las oscilaciones del mercado mundial. El precio internacional del crudo empezó a bajar en 2010 y se desplomó en 2014 (tras la muerte de Chávez), sumiendo al país en una profunda crisis económica: los supermercados se quedaron sin alimentos y la población tuvo que hacer largas colas para conseguir productos básicos.

Chávez obtuvo victorias aplastantes en tres elecciones presidenciales; convocó una asamblea constituyente y varios referendos. Afirmaba que quería profundizar la democracia, creando consejos populares, círculos de alfabetización, radios comunitarias y comunas agrícolas. Algunas de estas organizaciones de base desarrollaron cierto grado de autonomía, pero la mayoría mantuvo una relación clientelar con el gobierno, del que dependían para su financiación.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Chávez, carecía de democracia interna y, en un clima de fuerte polarización política, Chávez utilizó la presidencia para criticar a sus opositores y a los periodistas.

Maduro (2013–2026): crisis y represión

Nicolás Maduro, un ex conductor de autobús y sindicalista que había sido ministro de Relaciones Exteriores, fue elegido presidente de Venezuela en 2013, tras la muerte de Chávez por cáncer. Durante la presidencia de Maduro, el papel de los militares en el gobierno se volvió mucho más importante y se produjeron violaciones claras de las normas democráticas: varios partidos políticos de la oposición fueron excluidos, se impidió que candidatos se presentaran, se arrestó a opositores políticos y las fechas de las elecciones se cambiaron arbitrariamente. Tras las elecciones legislativas de 2015, en las que la oposición obtuvo la mayoría, el gobierno de Maduro creó una asamblea alternativa. La represión contra periodistas se intensificó y la influencia estatal sobre los medios de comunicación se extendió.

En las elecciones presidenciales de julio de 2024, las encuestas a boca de urna y las actas de escrutinio de los centros de votación sugerían que la oposición había ganado, pero las autoridades electorales declararon vencedor a Maduro. Incluso aliados históricos de Venezuela, como el presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresaron dudas sobre los resultados al pedir al gobierno que publicará los datos de la votación.

Tras las elecciones de 2024, el gobierno de Maduro reprimió las protestas contra el presunto fraude electoral: más de 2.000 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad. Al menos 1.000 siguen encarceladas a principios de 2026. El gobierno lanzó una aplicación digital que animaba a la población a denunciar a los disidentes ante las autoridades, y grupos de milicias armadas progubernamentales continuaron siendo una presencia amenazante en muchos barrios.

Una misión de investigación de las Naciones Unidas concluyó en 2025 que el gobierno de Maduro había cometido crímenes contra la humanidad, incluidos el “encarcelamiento o la privación grave de la libertad y otros delitos”.

Una oposición de muchas facciones

La oposición en Venezuela comenzó como una élite de derecha que se oponía a las reformas de un líder popular elegido democráticamente. Pero ahora abarca a un amplio sector de la población, agotada por la crisis económica y por un gobierno cada vez más autoritario. La oposición incluye a políticos de centro como el ex candidato presidencial Henrique Capriles y el ex gobernador de Zulia, Manuel Rosales.

También existe una alianza de oposición de izquierda, el Encuentro Nacional de la Defensa de los Derechos del Pueblo, que agrupa al Partido Comunista, Marea Socialista y al Partido del Socialismo y Libertad. Ambos sectores, tanto centristas como de izquierda, rechazan la intervención extranjera y favorecen una solución negociada entre el gobierno y sus críticos.

El sector más conocido y más derechista de la oposición, encabezado por María Corina Machado, Leopoldo López y Juan Guaidó, ha adoptado la postura más radical, con el objetivo de derrocar al gobierno por cualquier medio posible. Machado, por ejemplo, celebró recientemente el bombardeo estadounidense de Venezuela. Es este sector de derecha de la oposición el que ha recibido fondos de Estados Unidos y ha mantenido la relación más estrecha y duradera con el gobierno estadounidense.

A la vez, aún existen grupos de base, como miembros de comunas agrícolas, que siguen apoyando algunos ideales de la revolución bolivariana de Chávez, aunque criticaron de manera privada al gobierno de Maduro por su burocratización. Todos los chavistas hoy en día, sin embargo, están centrados en oponerse a la intervención de Estados Unidos.

Sanciones de Estados Unidos

Los gobiernos de Estados Unidos comenzaron a imponer sanciones dirigidas contra individuos venezolanos en 2005, y estas se intensificaron durante la presidencia de Barack Obama. Sin embargo, fue durante la primera administración de Donald Trump (2017–2021) cuando se aplicaron las medidas más severas: se prohibió a las empresas estadounidenses comerciar con la empresa petrolera estatal venezolana (PDVSA), así como con cualquier compañía extranjera que hiciera negocios con PDVSA o con el gobierno venezolano. Estas sanciones afectaron gravemente a una economía ya frágil y contribuyeron a la hiperinflación y a la emigración de millones de venezolanos.

Joe Biden (2021–2025) flexibilizó estas sanciones en 2023, tras el acuerdo alcanzado entre la oposición y el gobierno venezolano para la celebración de elecciones. En ese contexto, la administración Biden concedió licencias a la compañía estadounidense Chevron y a varias petroleras europeas, entre ellas la española Repsol, para exportar petróleo desde Venezuela.

Cuando Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025, ordenó la revocación de estas licencias. Sin embargo, en mayo envió a Venezuela a un emisario especial, Richard Grenell, quien negoció un nuevo acuerdo. Chevron, empresa involucrada en cuatro proyectos de producción petrolera en Venezuela, recibió autorización para continuar exportando crudo a Estados Unidos. A cambio, el gobierno de Maduro aceptó recibir vuelos de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Despliegue militar  Estadounidense en 2025 

La administración de Donald Trump inició en agosto de 2025 un despliegue militar alrededor de Venezuela. La flota incluía 12 buques de guerra, entre ellos el portaaviones más grande del mundo, cuatro embarcaciones anfibias para el desembarco de tropas y un submarino. Las fuerzas armadas de Estados Unidos han causado la muerte de más de 110 personas en ataques extrajudiciales contra embarcaciones de pequeño tamaño en aguas próximas a Venezuela, Colombia y el Caribe.

No obstante, durante todo este refuerzo militar, Chevron ha seguido exportando petróleo venezolano a Estados Unidos.Desde diciembre de 2025, EE. UU. incautó cuatro petroleros e impuso un bloqueo naval sobre el crudo venezolano. Las sanciones de Estados Unidos son unilaterales: no cuentan con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que Estados Unidos no tiene autoridad, según el derecho internacional, para hacerlas cumplir en aguas internacionales ni en países extranjeros.

El 3 de enero de 2026, la administración Trump bombardeó varios puntos de Caracas y de otros estados venezolanos, y fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, en una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas.

Tráfico de drogas: las pruebas

Uno de los pretextos para la acción estadounidense fue la acusación de que el gobierno venezolano estaba implicado en el narcotráfico. Sin embargo, el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) muestra que Venezuela no produce cocaína ni fentanilo, y que la mayor parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos se transporta a través del Pacífico, no vía Venezuela.

El Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos también señala que Venezuela no es una ruta principal de tránsito de drogas hacia Estados Unidos.

La administración Trump afirmó reiteradamente que el gobierno venezolano y altos mandos militares dirigían un cartel de narcotráfico denominado “Cartel de los Soles”. Sin embargo, esta expresión había sido simplemente un meme difundido en internet por sectores de la oposición para aludir a la corrupción gubernamental, los “soles” hacen referencia a las insignias que figuran en los uniformes de las fuerzas armadas venezolanas.

La acusación formal contra Nicolás Maduro presentada por Estados Unidos en 2026, cuando el mandatario compareció ante un tribunal de Nueva York, dejó finalmente claro que el denominado “Cartel de los Soles” se refería a una “cultura de corrupción” y que dicho cartel no existía como organización criminal.

¿Por qué EE. UU. no intentó un cambio de régimen?

Tras los bombardeos y la captura de Maduro, Trump declaró que EE. UU. “dirigiría” Venezuela y pondría a fluir “nuestro” petróleo. Dijo que las compañías petroleras entrarían para reconstruir el país. Preguntado sobre elecciones, afirmó: “Primero tenemos que arreglar el país”. Con Maduro removido, los demás ministros permanecieron en sus cargos, incluido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina.

La administración Trump descartó intentar un cambio de régimen debido a que las fuerzas armadas venezolanas se mantuvieron leales al gobierno en funciones. Los oficiales militares no desertaron hacia la oposición porque el gobierno venezolano ha llevado a cabo varias purgas dentro de las fuerzas armadas, y el alto mando teme que, si el gobierno cae, podrían ser procesados por sus adversarios en Venezuela o extraditados a Estados Unidos.

Un intento de derrocar al régimen por la fuerza podría haber desembocado en un conflicto prolongado similar al de Vietnam, dado que Venezuela cuenta con un ejército considerable y con un gran número de milicias civiles, (el gobierno afirma que suman cinco millones, aunque una cifra más realista de miembros activos sería de unos 160.000).

Además, Venezuela comparte una frontera de unos 2.250 kilómetros con Colombia, donde operan diversos grupos armados, incluidos alrededor de 12.000 guerrilleros disidentes de izquierda, según cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Un análisis de la CIA, citado por The New York Times, que evaluó los escenarios de seguridad en caso de que Maduro fuera removido del poder, concluyó que la oposición liderada por Machado no contaba con un plan “realista” para asumir el control de Venezuela sin el respaldo de las fuerzas armadas.

Estrategia estadounidense actual: “coerción” por petróleo

La estrategia de EE. UU, según el presidente del Senado, Mike Johnson, es “coaccionar” al gobierno venezolano para que cumpla con los intereses estadounidenses. Trump dijo que la presidenta Rodríguez “pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro” si “no hace lo correcto”. Entre las principales exigencias estadounidenses se incluyen:

• Abrir la industria petrolera a empresas estadounidenses.
• Indemnizar a Conoco Phillips y Exon Mobil, (cuyos activos fueron expropiados por el gobierno venezolano en 2007 después de que ambas compañías se negaran a operar como socios minoritarios en empresas mixtas con la petrolera estatal venezolana).
• No renovar contratos con China, Rusia e Irán.

Trump afirmó que el petróleo venezolano sería vendido y los fondos depositados en una cuenta controlada por EE. UU, destinándose únicamente a la compra de bienes estadounidenses. Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha comentado públicamente al respecto.

El 7 de enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez delineó los objetivos de su gobierno: el regreso de Maduro y garantizar la “paz” y la “estabilidad” en Venezuela.

Además de las continuas amenazas de Estados Unidos de emprender nuevas acciones militares si el gobierno venezolano no cumple con sus exigencias, la coerción adopta la forma del mantenimiento del bloqueo naval a las exportaciones petroleras venezolanas, lo que amenaza con provocar el colapso de la economía y está generando hiperinflación y graves dificultades para la población venezolana.

La doctrina “Don‑roe”

La política de la administración Trump constituye una versión actualizada de la Doctrina Monroe expresada en sus términos más burdos, una afirmación del poder de Estados Unidos en la región y de su derecho a acceder a activos estratégicos, incluidos los recursos naturales.

En 1823, el presidente James Monroe advirtió a las potencias europeas que se mantuvieran al margen del hemisferio occidental, estableciéndolo de facto como una esfera de influencia estadounidense. En 1904, el presidente Theodore Roosevelt añadió un corolario que justificaba explícitamente la intervención militar de Estados Unidos en la región. El “mal comportamiento crónico” en América Latina, escribió, podía requerir la intervención de una “nación civilizada”. Desde la proclamación de la Doctrina Monroe, Estados Unidos ha intervenido militarmente en América Latina en más de 80 ocasiones.

En 2025, la administración Trump publicó una nueva Estrategia de Seguridad Nacional en la que se afirma:

“Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, y para proteger nuestro territorio y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no-hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”.

La Estrategia de Seguridad denomina este enfoque el “Corolario Trump”. El propio presidente lo describió posteriormente como la “Doctrina Don-roe”.