Honorable Presidente Otto Pérez Molina,
Represión y criminalización de defensores de derechos humanos
Nuestra organización de mujeres defensoras de derechos humanos, la tierra y el ambiente (ULAM), conjuntamente con personas de varios países comprometidos con la justicia global y el respeto de derechos humanos, le hacemos llegar nuestras preocupaciones sinceras sobre la tendencia dictatorial que su gobierno evidencia en su respuesta a conflictos socio-ambientales en los distritos de Jalapa y Santa Rosa.
El pasado 2 de Mayo de 2013, cuatro municipalidades; San Rafael las Flores, Mataquescuintla, Casillas y Santa María Xalapán de los distritos de Jalapa y Santa Rosa, fueron declaradas en ‘Estado de Sitio’. Según la Ley de Orden Publico de la Asamblea Constituyente, Decreto numero 7, las garantias que la Constitución establece están en restricción durante los ‘Estado de Sitio’, poniendo en vulnerabilidad el pleno respeto a derechos humanos de los pobladores. Las restricciones permiten la disolución de cualquier ‘organización, asociación o agrupación’, la captura o confinamiento de personas ‘sospechosas’ sin mandamiento judicial, y la represión por medios ‘ofensivos’ a cualquier acción individual o colectiva contraria a el restablecimiento de la ‘normalidad’ (Capitulo V, Articulo 19. 1/2/3). Estos permisos anulan el derecho de reunión y manifestación pacifica de defensores de derechos humanos, la tierra y el ambiente.
Después de pasar ocho días bajo estas medidas, el 9 de Mayo de 2013 se retiró el ‘Estado de sitio’, instalando un ‘Estado de Prevención’ en las cuatro municipalidades. Aunque este nuevo estado restringe menos derechos Constitucionales en comparacion con el ‘Estado de Sitio’, igualmente limita derechos humanos fundamentales ya que las medidas dan al gobierno control total de la expresión de los pobladores (Capitulo II, Articulo 8, 2/3/4/56/7). Estas medidas violan el derecho a la libre expresión y movimiento, pero al facilitar la represión y aplicación de fuerza por parte del ejercito lesiona no solo las obligaciones internacionales de Guatemala a respetar los derechos humanos sino también la fe de los habitantes de Guatemala en instituciones democraticas.
Es importante hacer hincapié que las raíces de los conflictos entre los pobladores, Policías Nacionales Civil (PNC), y el ejercito surgen por el proyecto minero ‘El Escobal’, de la subsidiara San Rafael propiedad de la compañía minera Canadiense-Estaudinense Tahoe Resources. Los pobladores han hecho claro su rotundo rechazo al proyecto minero no solo a travez de ocho consultas comunitarias sino tambien mediante un sin numero de manifestaciones pacificas. Lamentablemente sus reclamos no han sido escuchados ni respetados por autoridades Guatemaltecas.
Apenas habian pasado dos semanas del secuestro de cuatro lideres indígenas Xinca (uno fue encontrado muerto el 18 de Abril de 2013) cuando el Ministerio de Energía y Minas aprobó la licencia de explotación de Tahoe Resources. Esta noticia intensificó la oposición al proyecto minero. El 27 de Abril de 2013, durante una caminata pacifica, seguridad privada de la compañía minera disparo en contra de comunitarios, hiriendo a seis personas incluyendo a un joven en el rostro. A pesar de la gravedad de los incidentes, el gobierno procedió con la aprobación del proyecto minero y el 29 de Abril de 2013 firmó el acuerdo oficial con la compañía minera .
El trato preferencial que ha mostrado el gobierno Guatemalteco a la compañía minera queda demonstrado en el informe preeliminar publicado por la delegación que visitó los municipios afectados los días 4 y 5 de Mayo de 2013. En este informe quedo documentado el uso desmedido y desproporcionado de fuerza, robos y destrucción por manos del ejercito y la humillación, denigración e intimidación de mujeres. Todo ello pone en manifesto que las actuales restricciones a que están sometidas las cuatro municipalisades solo sirven para criminalizar, reprimir, y aterrorizar a la población que manifiesta su oposición al proyecto minero.
En vista de esta situación, a traves de esta carta le instamos Presidente Pérez Molina a que considere las siguientes medidas:
1) Anule el Estado de Prevención en las cuatro municipales, y resuma con una mesa de dialogo entre el estado, la compañía minera y las comunidades.
2) Garatize la seguridad física de defensores de derechos humanos que están en oposición al proyecto minero, respetando sus derechos a justicia y tratamiento humano en detención
3) Investigue a fondo el asesinato y secuestro de lideres Xinca, como también los hechos del 27 de Abril 2013, castigando a los culpables y sancionado a Tahoe Resources por los actos de su seguridad privada.
4) Cese la criminalización y persecución de defensores indígenas e campesinos quienes se oponen al proyecto minero.
Atentamente
Unión Latinoamericana de Mujeres