Alejandro Angulo identifies four conditions for progress towards genuine peace under President Juan Manuel Santos: (1) the effective application of the Victims Law and return of land to those dispossessed, (2) the survival of the community-based regional development programmes and ‘peace laboratories’ as an alternative to Colombia’s traditional savage capitalism, (3) successful dialogue between capitalists and workers, especially agriculture, (4) sufficient mutual confidence on the part of the guerrillas and the army to allow for serious peace talks. On balance, however, he sees a series of factors outweighing the positives: (1) the Colombian elite, especially the landowners, shows no willingness to make any concession over the redistribution of land, (2) the increasing pressure from agricultural and mining interests, Colombian and international, to evict more people from land to allow for new investment. The paramilitaries, says Angulo, are already doing this ‘forcefully and efficaciously’. (3) The power of the army, ‘a state within a state’, and the mirror-image hard-line tactics of the FARC, (4) Whereas a couple of years ago some economists who used to see the cost-benefit balance of the conflict tilting in favour of peace, the dominant view now is that it provides a useful way of ‘clearing the ground’ for investment that is leading to fabulous rates of increase in GDP.
¿Paz con Santos?
¿Puede Santos resolver el conflicto social y lograr la cesación de la guerra? La respuesta negativa es mucho más probable que la positiva, dado que las dimensiones del cambio que debería producirse son de tal magnitud y profundidad que rebasan las capacidades y el tiempo de un solo gobierno. Pero ¿podría Santos dar algunos pasos?
Por Alejandro Angulo Novoa, S.J.*
President Santos. Is he ready for peace?El conflicto armado, desde luego, está relacionado en forma muy estrecha con el conflicto social de la cultura, la economía y la política colombianas que están construidas sobre una estructura de desigualdad y de exclusión, consciente y campante, entre estratos sociales muy marcados que han ido construyendo, con los siglos, una desconfianza total y un rencor recíprocos. Más aún, el conflicto armado es la forma extrema del conflicto social. Por consiguiente, la posibilidad del cese de la guerra depende totalmente de la paz social.
Que Santos pueda obtener algún resultado positivo es, pues, una cuestión de probabilidades. Examinémoslas. Los eventos favorables podrían ser:
a) Que la ley de víctimas y de restitución de tierras tuviera una aplicación convincente. La tierra está desde hace rato en la raíz de la guerra colombiana. El PNUD lo acaba de documentar con lujo de detalles.
b) Que los programas de desarrollo y paz sobrevivieran en medio del conflicto y generaran, en medio de todas las dificultades que ello supone, iniciativas que podríamos llamar ‘laboratorios de paz’, a saber, empresas conjuntas entre inversionistas ricos y trabajadores pobres, como sustituto a las relaciones capitalistas salvajes que son la forma contemporánea de la esclavitud de antaño, dado que llevan en su concepción pragmática el desprecio de unas personas por la dignidad de otras. Esos programas podrían favorecer pactos sociales regionales favorables a la paz en las regiones.
c) Que el experimento de mediación entre empresarios y trabajadores fuera llevado a cabo por alguien, como lo ha logrado la Universidad Javeriana de Cali, donde las conversaciones civilizadas entre empresarios azucareros y corteros de caña se demuestran que estos diálogos exitosos no solamente se pueden lograr en Alemania sino también en Cali.
d) Por el lado de las guerrillas tenemos las cartas de Timochenco. La primera carta, de noviembre 2011, con motivo de la muerte de Cano, es, por lo menos, un hecho de comunicación con Santos, y su final “Así no es Santos, así no es” pudiera interpretarse como un implícito de “como podría ser”. La segunda carta, de enero del 2012 pareciera ir en esa dirección y describir la forma como las Farc aceptarían conversar.
Las probabildades desfavorables
a) El debate explícito, pero mucho más el implícito, en los medios de comunicación muestra que una parte de la población pensante y, desde luego, toda la terrateniente, no está dispuesta a ninguna concesión en lo tocante a la propiedad y uso de la tierra, cueste lo que cueste. En este punto son del todo equiparables las visiones ideológicas de los insurrectos y las de los poseedores de bienes, o sea, que la vida del adversario no vale nada en comparación con los bienes materiales. Semejante convicción no es, para nada, favorables a las probabilidades de paz.
b) la presión que ejercen muchísimos ganaderos y agricultores, junto con las empresas multinacionales del agro y de la minería, para que se despejen los terrenos explotables, dejando al Gobierno la solución de los inconvenientes graves que ese despeje conlleva para la población allí ubicada. Esta presión suele ser doblemente inmoral: en primer lugar, se vale con demasiada frecuencia del soborno abierto o disfrazado, y, en segundo lugar, no tiene la menor consideración por la dignidad y ni siquiera por la vida de las poblaciones pobres que no quieren ni pueden trasladarse a otro sitio. No los matan directamente, ni los ahuyentan a culatazos, como lo hacen los paramilitares, sino que los condenan a muerte por hambre y enfermedad grave, a mediano y largo plazo. Esta presión la están ejerciendo todavía con gran fuerza y eficacia los paramilitares.
c) El tercer hecho desfavorable es el comportamiento de la fuerza pública que apoya la legitimidad reinante, a pesar de que esta legitimidad esté siendo cuestionada por el hecho de la injusticia grave que sus detentores están perpetrando. Es evidente que la fuerza pública debe estar al servicio de la legitimidad, así esté siendo negada por una parte importante de la población. Este es un presupuesto de la paz democrática ideal que solo se logra en el acuerdo general de sustituir los votos a los fusiles. Pero el deber de lealtad al orden o desorden reinante no conlleva la licitud de los abusos graves de la fuerza. Es toda la historia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que son los esfuerzos por racionalizar lo irracional humano. Sin embargo, la estrategia guerrillera, por su misma naturaleza, no ayuda a controlar los abusos de la fuerza pública, sino que los provoca, y mucho más en una “guerra” prolongada como la nuestra. Este es un cuello de botella que disminuye todavía más la probabilidad de la paz, sobre todo, si se considera el poder del estamento militar que, con toda razón, se ha descrito como un estado dentro del Estado y que, además, se ha consagrado a esa guerra interna desde hace varios años. Un cuarto evento desfavorable a la probabilidad de paz es la correspondiente desconfianza de la guerrilla, manifestada con toda claridad por Timochenco y por el ELN y, además, compartida por otro sector significativo de la población. Esta desconfianza, que ha llegado a ser parte de la nacionalidad colombiana, mina cualquier conversación.
d) Hace un par de años, unos economistas pensaron que había llegado el momento en que la “guerra” en Colombia era más costosa para todas las partes que la paz y que, por consiguiente, las probabilidades de la paz se incrementaban. Hoy aparece, con toda claridad, que esa fue una visión incompleta y de corto plazo, porque esa guerra prolongada es la que ha permitido despejar los territorios que en la actualidad están siendo y van a seguir siendo explotados por la minería y la agroindustria, dejando así para las estadísticas unos resultados fabulosos en aumento del PIB y unos efectos altamente nocivos para el empleo y la preservación del medio ambiente. El aumento del rebusque, subproducto de esa política ‘inversionista’, en el cual hay que contabilizar el de la criminalidad común, no es tampoco un evento favorable a la paz.
Balance final
Contrapesando los eventos favorables y desfavorables a la probabilidad de la paz parecería darse un empate. El fondo de la cuestión es la profunda desconfianza que se manifiesta no solamente en las cartas de Timochenco o en la carta del ELN a la gobernadora del Valle el 28 de mayo 2012, sino también en los pronunciamientos del Gobierno y del Ejército. Y el trasfondo es que ni el Gobierno ni la guerrilla hacen el menor esfuerzo para vencer su desconfianza.
* Director del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP.